En agosto de 2020, un grupo de científicos instaron desde la revista Lancet al Gobierno Central español y a los gobiernos regionales a evaluar de forma independiente la respuesta que se había dado frente al COVID-19 para identificar los ámbitos en los que resultara necesario realizar mejoras en el sistema de salud pública y el sistema de atención social. Recibieron el apoyo de más de 50 sociedades y asociaciones científicas y ayer, en un nuevo comunicado, han apelado a ese consenso para urgir a los gobiernos centrales y regionales a actuar con arreglo a 3 requisitos -urgencia, consenso y compromiso gubernamental de escuchar y actuar en consecuencia- con 4 principios rectores, independencia de los miembros del Comité, una cultura no acusadora centrada en la identificación de los problemas y no en las responsabilidades, el carácter multidisciplinar y de género de los participantes y, finalmente, la amplitud de aspectos analizados: sanitarios, sociales, económicos.
Los firmantes del acuerdo proponen tres modelos para la aplicación de medidas derivadas de los resultados del estudio, la evaluación propuesta por la OMS, el modelo del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos -All-Party Parlamentary Group- utilizado en el Reino Unido, o la investigación llevada a cabo en el estado de Victoria, Australia.
Este es el enlace al artículo en inglés en Lancet Evaluation of the COVID-19 response in Spain: principles and requirements y a continuación tenéis una traducción libre mía sin duda cargada de errores, pero realizada bajo los principios periodísticos de veracidad, objetividad y relevancia. También he formateado y espaciado el texto con el afán de hacerlo si es posible, más legible, ameno y menos arduo.
Evaluación de la respuesta COVID-19 en España: principios y requisitos
En España se está produciendo un resurgimiento de las infecciones por COVID-19, con algunas de las peores cifras de Europa.
En agosto de 2020, instamos al Gobierno Central español y a los gobiernos regionales a evaluar de forma independiente su respuesta COVID-19 para identificar los ámbitos en los que es necesario mejorar la salud pública y el sistema de salud y atención social.
En su momento recibimos un amplio apoyo de más de 50 sociedades y asociaciones científicas que representan intereses de salud pública, comunidades profesionales médicas y de enfermería. Ahora es necesario definir esa evaluación en términos de calendario, alcance y liderazgo.
Aquí sugerimos tres requisitos importantes y cuatro principios rectores, adaptados de McKee y sus colegas, que creemos que garantizarían el éxito de una evaluación independiente.
El primer requisito es la urgencia.
La evaluación debe comenzar inmediatamente e informar periódicamente hasta el final de la pandemia.
En un país donde las tensiones políticas son altas…
El segundo requisito es el apoyo a gran escala de los partidos políticos, las asociaciones científicas, los profesionales de la salud, los pacientes y cuidadores, la sociedad civil y la sociedad en su conjunto.
La reacción a nuestra primera carta fue positiva desde todas las partes interesadas, y los gobiernos deberían capitalizar ese consenso.
El tercer requisito es un firme compromiso del Gobierno Central y de los gobiernos regionales de escuchar las recomendaciones propuestas en la evaluación y actuar en consecuencia.
Una vez acordados los requisitos, sugerimos cuatro principios rectores para garantizar un proceso con éxito.
El primer principio, y el más importante, es la independencia de los miembros del comité de evaluación.
Las personas que seleccionan a los miembros del equipo de evaluación, y a los propios miembros, deben ser independientes del gobierno, no haber trabajado en el gobierno y no tener intereses en competencia. Académicos españoles independientes, que trabajan tanto en España como en el extranjero, y expertos internacionales podrían participar en el comité de selección y en el equipo de evaluación.
En segundo lugar, se necesita una cultura no acusadora que se centre en proporcionar recomendaciones que puedan mejorar la situación sin repartir acusaciones.
En tercer lugar, el equipo de evaluación debe ser multidisciplinar y equilibrado en cuanto a género para promover una evaluación crítica más amplia.
En cuarto lugar, la evaluación debería tener un amplio alcance, analizando los efectos sanitarios, económicos y sociales con aportaciones tanto del Gobierno Central como de las comunidades autónomas dado el alto nivel de competencias descentralizadas.
La organización de la evaluación puede elegirse entre modelos existentes, como la evaluación propuesta por la OMS,5 el modelo del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos utilizado en el Reino Unido, o la investigación que se hizo en el estado de Victoria, Australia.
Una propuesta podría ser seleccionar un panel de expertos apoyado por un equipo científico que se encargue de recopilar y analizar las pruebas.
Los grupos de trabajo y la convocatoria de pruebas también podrían complementar ese proceso, implicando a las más relevantes sociedades científicas representantes del sistema sanitario, así como profesionales, organizaciones de pacientes y sociedad civil, en la provisión de pruebas y conocimientos especializados.
Seguimos alentado al Gobierno central español, y a los gobiernos regionales, para que lleven adelante esta evaluación que podría convertirse en un ejemplo que se replique en otros países.
Seguiremos ofreciendo propuestas más detalladas. Esta evaluación, basada en evidencia científica, es ahora urgentemente necesaria para orientar la política de salud pública y contribuir a superar la pandemia COVID-19.
Nos declaramos exentos de cualquier tipo de conflicto de intereses.